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Por: REDACCIÓN EL TIEMPO 18 de abril 1991 , 12:00 a. m.
QUINDÍO: PIDEN ANULAR CREACIÓN DE LICORERA
La nulidad del contrato entre el departamento y la firma Coloma, que dio origen recientemente a la creación de la Fábrica de Licores del Quindío, solicitaron ante la Procuraduría Regional un senador y tres diputados liberales, al considerar la negociación ilegal y llena de irregularidades. Al mismo tiempo, pidieron al Procurador regional, Diego Arango Cardona, que traslade a la justicia penal la investigación por los delitos de prevaricato por acción u omisión, que involucra a dos gobernadores y a un ex secretario de Hacienda, responsables de esas negociaciones.
«Acta que luego se cambió en forma malintencionada«
La denuncia del senador David Barros Vélez y de los diputados señala que el Consejo de Gobierno aprobó en julio de 1989 la apertura de una fábrica productora de cremas de café y frutas, con un acta que luego se cambió en forma malintencionada, para autorizar la instalación de una fábrica productora de licores .
La ley estipula que la producción de licores es potestad y monopolio del Estado, y en este caso, la aprobación de una fábrica de licores le correspondía a la Asamblea del Quindío y no al Consejo de Gobierno, órgano asesor y no decisorio.
Barros dijo que esta negociación es un duro golpe a las rentas del Quindío, puesto que la fábrica no es vigilada por la Contraloría y elude el pago de impuestos. Además, no existe una valoración objetiva acerca del monto del contrato de producción y de los beneficios económicos para el departamento.
La denuncia agrega que el mismo Secretario de Hacienda, Luis Guillermo Guinand, quien participó en el Consejo de Gobierno en ese entonces, y quien dio la autorización a la fábrica, fue nombrado gerente de la misma entidad seis meses después, conducta reprochable y en contravía del Código de Régimen Departamental .
La denuncia señala que no hubo una licitación pública para el contrato de concesión y que, además, se rompió el monopolio que establece la ley en favor del departamento, ya que se concedió a una empresa privada.
Los denunciantes solicitaron al procurador Arango una exhaustiva investigación disciplinaria y que promueva la acción de nulidad ante el Tribunal Administrativo del Quindío.
Igualmente, demandaron que la investigación se traslade a la justicia penal, para sancionar a los responsables de los delitos de prevaricato por omisión o acción a que haya lugar y de otras irreguralidades que determine la misma ley.
El senador Barros dijo que su único interés en este caso es que no sean vulneradas las finanzas del departamento, que son al mismo tiempo los únicos recursos con que cuenta la comunidad quindiana para su desarrollo.